Mientras llegaba al Congreso la prorrogación de la Ley de Víctimas, el Partido Centro Democrático decidió reactivar un debate viejo cuando Angela María Robledo e Iván Cepeda primero llevaron esa propuesta al congreso, en el marco de la firma de los acuerdos de paz de la Habana, y fue el tema de los llamados terceros de buena fe, aquellos campesinos que por accidente, negligencia o cooperación con grupos al margen de la ley adquirieron tierras que eran de la propiedad de campesinos desplazados.
El discurso la primera vez fue más sutil, no acusaban a nadie en particular de ser deshonestos, sino que se lavaban las manos diciendo “no había forma de saber” o con el término de “terceros de buena fe”, añadiendo un nuevo eufemismo para el largo léxico de eufemismos del Uribismo como “Falsos positivos” para hablar de ejecuciones extrajudiciales, o la más reciente “asesinatos colectivos” para hablar de masacres. Pero como se reveló en días recientes, el empresario y Presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, estaba moviendo una columna donde acusaba a un campesino hipotético de haber cambiado de opinión sobre una venta de su tierra y de haber accedido a las reparaciones en la Ley de Víctimas para recuperarla. Sobra decir que no hay un solo ejemplo comprobado de este fenómeno que el Doctor Lafaurie describe en su columna que haya pasado en la vida real, sin embargo, revela una mentalidad tóxica que pueden tener muchos grandes terratenientes del país representados por José Félix, presidente de la mayor agremiación de ganaderos en Colombia.
El imaginario del campesino estafador viene de una desconfianza histórica por parte de sectores de agremiaciones ganaderas y los campesinos de base. Esta se basa en que el campesino de base esté tratando de quitarle lo que tiene el gran ganadero por envidia. El imaginario de cómo el columnista conservador Santiago Pombo escribe en La Silla Vacía “la estigmatización del sector productivo”, lo cual sólo es otra forma para decir “los resentidos sociales que no quieren que tengamos plata”. Esta mentalidad es la que solían usar grupos paramilitares para justificar masacres y para intimidar a reclamantes de tierras, criticando a estos grupos de comunistas y guerrilleros. Que una figura que fue Vice-Ministro de Agricultura, candidato a la Contraloría, hace parte del Partido de Gobierno e incluso tiene a su esposa en el Senado de la República, esté replicando ese tipo de mensajes es particularmente dañino, porque implica que la posición de los ganaderos que él representa puede ser demasiado similar a la que tenía el líder paramilitar Carlos Castaño en su momento.
Esto además es diciente en un momento donde Álvaro Uribe, una de las personas más influyentes del país, acusa a jóvenes de ser “Juventud FARC” por acusarlo en tribunales de crímenes lo cual es seguido por masacres en diferentes partes del país, muchas afectando particularmente a los jóvenes y muchas en municipios que apoyaron el Sí a los acuerdos de paz, como El Tambo, Llano Verde o Tumaco. Además crecen las BACRIM e incluso violaciones a niñas indígenas y masacres contra jóvenes son justificadas incluso por congresistas de la República. Es tiempo de entender que las palabras importan, acusar a alguien de terrorista o narcotraficante en un país asaltado por el terrorismo y el narcotráfico es muchas veces una sentencia de muerte y cuando la dicen personas de alto perfil aún más. No todo vale para mantener el poderío, Doctor Lafaurie, hay cosas más valiosas que la plata.