La desigualdad en Colombia es una de las grandes problemáticas que afectan la capacidad de desarrollo, sin duda el principal reto en Colombia en la actualidad es lograr la paz y la justicia. En materia económica, el objetivo tiene que ser disminuir la pobreza y lograr una sociedad más igualitaria. Con base en esto es necesario plantear un plan de acción con el cual se logre proponer una solución al déficit fiscal y a los diferentes indicadores de desigualdad. En el articulo Mercado y gasto social: la agenda pendiente para la equidad en Colombia de Miguel Urrutia y Christian Robles, los autores proponen el desarrollo de una política fiscal robusta, con mayor gasto social y mayor recaudo tributario, ya que establecerla es esencial para mejorar la distribución del ingreso y contribuir a un mayor crecimiento económico. De esta manera, se establece que los objetivos en materia de disminución de pobreza y mayor equidad requerirán reformas económicas e institucionales, y en la actualidad, prioritariamente en el sistema fiscal. Aunque los autores argumentan que la implementación de la política fiscal no solo es necesaria si no que también benéfica a corto y largo plazo, existen diferentes retos que se pueden presentar y que pueden condicionar su viabilidad en un país con condiciones e instituciones como Colombia.
La política fiscal es una herramienta que utilizan los gobiernos para ajustar sus niveles de gasto y tasas impositivas para monitorear e influir en la economía de una nación. Históricamente se ha implementado para solventar crisis económicas relacionadas con la recesión, pero en este caso se presenta como una medida necesaria para el crecimiento económico a partir de un mayor recaudo de impuesto y gasto social. Los autores establecen un argumento general a partir de cuatro pilares fundamentales estos son; 1. Una economía con mercados es fundamental para poder tener un crecimiento sostenido. 2. La política fiscal es una herramienta indispensable para llevar a cabo una redistribución efectiva del ingreso. 3. La redistribución del ingreso como un factor esencial para que el crecimiento económico sea duradero y estable y que además tenga un mayor impacto en la reducción de la pobreza. 4. Una mayor carga impositiva no va necesariamente en detrimento del crecimiento, sino que, por el contrario, lo puede favorecer. A partir de los cuatro puntos mencionados anteriormente, se puede empezar a configurar la propuesta de política fiscal como una solución a la brecha de desigualdad y las problemáticas históricas de Colombia en cuanto a recaudo tributario y gasto social.
Los indicadores de desigualdad en Colombia ayudan a demostrar la profundidad de los contras factuales históricos de la nación y las imposiciones sistemáticas que han llevado a un gran porcentaje de la población a estar condicionados de manera desfavorable. Según un reporte reciente del DANE, el año pasado 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 (35,7%). Esto implicaría que alrededor de 21 millones de personas en Colombia viven con un ingreso menor a $331.688 mensuales, lo cual ante una recesión como consecuencia de la pandemia del COVID-19, resulta preocupante e invita a reflexionar sobre que medidas se podrían implementar para hacer una intervención oportuna en la economía. (DANE, 2021) En el país persisten las brechas de ingreso, lo cual ha limitado un mejor reparto de bienestar debido a que muchas veces los beneficios del gasto social no son directamente aprovechados por los grupos que más lo necesitan, ya que no logran presionar al Estado para que ejerzan políticas públicas en su beneficio. La crisis sanitaria del COVID-19 ha limitado la capacidad estatal de implementar proyectos de beneficio social debido a que incrementaron los costos del estado a raíz de la coyuntura critica en la que se encontraba.
Colombia tendrá su primera recesión en 20 años producto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 y esto afectó de manera considerable los planes que se tenían inicialmente, el Estado tuvo que invertir capital en infraestructura de salud e implementos necesarios para la mitigación de la crisis, hubo un aumento en unidades de cuidado intensivo, implementos de protección personal, ventiladores, pruebas de detección del virus e incluso vacunas que afectaron los recursos del estado. (Mejía, 2020) Además de la inversión necesaria en salud, la economía también salió golpeada, la necesidad de cuarentenas para limitar el alcance del virus obligó a muchos negocios a cerrar al igual que un aumento en el desempleo y el desempeño económico. El gobierno tuvo que intervenir a través de diferentes mecanismos como subsidios (Ingreso Solidario), flexibilidad en los recaudos tributarios y pagos de servicios e intervención en políticas bancarias al facilitar los pagos e intereses. Debido a que el déficit fiscal no se puede mantener en los niveles de los años 2020 y 2021, 8.9% del PIB y 7.6% del PIB respectivamente, actualmente reducir el gasto público significaría reducir el presupuesto en áreas que son muy necesitadas por la pandemia. Los efectos que tuvo la pandemia se vieron reflejados en los índices de Producto Interno Bruto (PIB), y como en los tres trimestres del 2020 hubo una caída considerable como se puede observar en el Gráfico 1. Los niveles de crecimiento del PIB mostraban una tendencia de crecimiento estable que se vio afectada por los efectos de la pandemia. Esto ayuda a evidenciar la necesidad de la aplicación de una política fiscal que ayude a impulsar de nuevo la economía.
A partir de los datos que se han mencionado anteriormente, se puede ver la necesidad de aplicar una política fiscal, no solo para contribuir a la población vulnerable a través de políticas publicas, pero también para contribuir al crecimiento económico en tiempos de recesión. La equidad juega un papel fundamental para poder generar mayor crecimiento y mayor eficiencia económica, ya que pensar en proyectos de largo plazo y en favor del bienestar general esta profundamente arraigado a la idea de crecimiento y desarrollo de una nación. El gasto social resulta esencial para romper ciclos de pobreza y lograr mayor movilidad social hacia el futuro, y las políticas sociales tienen que estar enfocadas en fortalecer el capital humano como educación, salud y nutrición, e incluso aquellas en infraestructura, tienen la capacidad de generar un impacto notorio tanto en la redistribución como en el crecimiento del corto y el largo plazo. (Urrutia y Robles, 2019) Para poder ejecutar las propuestas relacionadas a un mayor gasto social también es necesario poder incrementar el recaudo tributario con mayores impuestos y usar este incremento de la carga tributaria para el beneficio de la población.
Lo que se está proponiendo es que mediante el cobro de impuestos a quienes tienen la capacidad de pagarlos, y su consiguiente destinación a la provisión de bienes y servicios públicos, se contribuye a garantizar los derechos económicos y sociales mínimos de las personas menos favorecidas de la sociedad. (Urrutia y Robles, 2019) Se debe implementar un sistema de impuestos progresivo en el cual los impuestos son mayores para aquellos que tengan mayores ingresos y así aumentar la carga tributaria para aquellos en el decil mas alto de ingresos de la población. También se debería considerar abrir la economía a los mercados externos para así poder aprovechar las economías de escala y aumentar la productividad. De esta forma, la intervención del Estado juega un papel determinante en la manera en la que se genera crecimiento económico ya que mayores tasas de ahorro permiten un mejor aprovechamiento de los recursos para su posterior inversión a largo plazo en componente fundamentales como lo son la infraestructura y la investigación y el desarrollo. Todo esto para permitir incentivar la oferta e incrementar la integración con la economía global. Históricamente el recaudo de impuestos en Latinoamérica es muy bajo como proporción del PIB lo que se traduce en una inadecuada provisión de bienes públicos y limitando la capacidad del Estado para distribuir el ingreso de manera efectiva. Para esto seria necesario aumentar los impuestos directos a las personas naturales al igual que los impuestos a la riqueza y el patrimonio ya que estos tienden a tener un mayor impacto redistributivo. Los impuestos pigouvianos también puede ser una herramienta muy útil para el gobierno, ya que amplían las tasas de recaudo y ayudan a solventar externalidades negativas, contribuyendo así a mayor eficiencia de los mercados. Algunos ejemplos de este tipo de impuestos que se podrían implementar serían impuestos a los plásticos de un solo uso, impuestos a las bebidas azucaradas o impuestos a las comidas ultra procesadas. Todas estas propuestas están profundamente arraigadas en la necesidad de tener un mayor crecimiento económico y desarrollo de la nación a través de mayores niveles de recaudo fiscal y mayor inversión en políticas sociales. A partir de esto es posible observar como “incrementar la carga impositiva en las economías en vía de desarrollo es un componente fundamental de cualquier estrategia que busque mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal” (Bastagli, Coady y Gupta. (2015))
Se han establecido las diferentes razones por las que es necesaria la implementación de una política fiscal en Colombia, pero también es necesario hablar de los posibles retos que podría tener y la viabilidad de lograrla debido al contexto institucional del país y la manera en la que éste percibe los impuestos. En Colombia hay una gran resistencia por parte de la población al incremento de los impuestos por lo que hay una percepción de que estos se van a perder debido a los altos niveles de corrupción en diferentes instancias gubernamentales. Es por esto, por lo que las personas desconfían de la política fiscal y las reformas tributarias debido a que no sienten que sus aportes se utilizan de la forma mas apropiada y sienten que son desviados en corrupción. Esta percepción genera gran duda en cuanto a la manera en la que se puede proponer la implementación de la política fiscal sin generar inconformismo en la población. Por otra parte, muchas veces se establecen proyectos que beneficiarían al país en el largo plazo, pero estos no logran ser aprobados en el Congreso o en el Senado debido a que no benefician a los que tienen el poder para aprobarlos o creen que no los beneficia. La viabilidad de ejecutar el plan de política fiscal depende en gran medida en educar a la población para que puedan entender cuales son los beneficios de su aplicación, además de que también logren comprender la manera en la que se va a implementar y como los va a afectar. Reducir los niveles de corrupción también es imperativo en vista de la necesidad de incrementar el gasto social en beneficio de la población, debido a que el desfalco dificulta la necesidad de la redistribución y limita el alcance de los programas sociales.
A manera de conclusión, es necesario recalcar la necesidad de Colombia de establecer una política fiscal, centrada en mayor recaudo tributario y gasto social. La redistribución es un elemento directamente relacionado con el crecimiento económico a largo plazo y el desarrollo. El gasto social tiene que estar centrado en contribuir a las personas más vulnerables ya que esto permite la movilidad social y contribuye al crecimiento de la nación. La viabilidad del proyecto depende en que las personas que son más vulnerables presionen al Estado a implementar las políticas públicas que los ayudarían y de la disminución de los niveles de corrupción que persisten en el país. Colombia lograría así cumplir los objetivos en materia de disminución de pobreza y mayor equidad a través de reformas económicas e institucionales.
Referencias:
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Urrutia, M y Robles Báez, C (2019). Mercado y gasto social: la agenda pendiente para la equidad en Colombia Bogotá: Revista Desarrollo y Sociedad