Reforma disfuncional; Santiago Archila
Tras el revuelo que se ha causado en medios por la nueva reforma tributaria, que cada vez está más cerca que lejos, me hace crear una comparación inevitable entre los presidentes Iván Duque y George H.W Bush. Las promesas de la campaña Duque sobre materia tributaria me traen a la mente la frase que le costaría la reelección a Bush: read my lips, no new taxes. Una promesa que no fue capaz de mantener. A poco más de un año de las elecciones, el republicano fue obligado a firmar una reforma tributaria bipartidista para combatir el déficit de la crisis económica de los años noventa.
La pandemia ha dejado a Colombia con un déficit fiscal mayor al 9% del PIB, algo trágico para la recuperación económica del país, por lo cual, una reforma es inevitable. Pero, tras leer el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios y conocer de primera mano lo que se viene en el proyecto, parece ser una reforma disfuncional, una reforma que en vez de arreglar un sistema complejo podría estar ahogando, después de un fuerte año, a la clase media y ahuyentando a los inversionistas. El Ministro Carrasquilla es sin duda un gran economista, un tecnócrata extremo, pues no le importa la política y jamás pondrá la popularidad de una medida sobre su eficacia. Sin embargo, abusar de las estadísticas y la teoría puede dejar por fuera el impacto social y real de las medidas, sobretodo, si se pretende modificar las reglas tributarias de un país que está saliendo de una recesión. Es necesario ahondar sobre tres puntos esenciales que vienen en el proyecto tributario del Gobierno Nacional.
Primero, es imperdonable grabar las pensiones de los colombianos. En una reciente entrevista con NTN24 el presidente Duque habló de la intensión de crear un impuesto sobre las pensiones mayores a siete millones de pesos. Lo cual trata de “megapensión” un monto, que si bien, es mayor que la pensión promedio y predominante en el país no es una cifra excesiva. Las pensiones son un derecho adquirido de la población mayor, quitarles plata de su pensión, volvería bajo la teoría de Carlos Lemos, al Estado de Derecho en un “Estado ladrón”. Por más deficiencias que existan en el sistema tributario, no hay derecho para quitarles el ahorro de toda su vida a los colombianos.
Segundo, claramente es necesario una recaudación más equitativa que permita financiar el fortalecimiento en la red de protección social e incrementar la inversión en infraestructura, educación y salud. Por otro lado, en campaña, Iván Duque fue incisivo en la estrategia para normalizar capitales a los que ahora pretenden imponerles un gravamen permanente del 3% anual, que abre las puertas a la semiexpropiación y alza impagable de impuestos en futuras administraciones. Esa misma puerta hizo posible en Venezuela que el Estado chavista se apropiara por derecho los bienes de muchos empresarios. En vez de cometer este error, podría bastar con examinar los excesivos gastos y extensiones tributarias actuales.
Tercero, sin duda es necesario aumentar el recaudo para reducir el déficit, con el fin de que el Estado siga funcionando y protegiendo a la población vulnerable. Fue, sin duda, un acierto la decisión de no marcar la canasta familiar. No obstante, la reforma que se planea para el régimen del IVA, conjunto a la idea de adicionárselo a servicios públicos y otros productos esenciales, va a golpear de forma seca a una clase media ampliamente afectada por la pandemia, que sin ser pudiente aguanta la mayor carga tributaria y sin ser suficientemente vulnerable carece de subsidios y, ahora, va a ahogarse en más impuestos. Para arreglar las cuentas fiscales, en vez de seguir aplastando al cimiento social de la economía, deberían atacar, como se prometió en campaña, la excesiva burocracia y anormal tamaño del Estado. Es este tiempo de reactivación económica cuándo se debe apostar a favor de la austeridad estatal para erradicar ese “Estado derrochón”, que tanto criticó el uribismo en el 2018. Revisar los entes administrativos de la Presidencia es necesario y, aunque en una de ellas repose mi apellido, eliminar o replantear las Consejerías Presidenciales sería un buen inicio, pues su exagerado presupuesto podría alivianar el desmesurado gasto del Estado.
“¿Se les fue la mano?”, preguntaba una de las columnas más recientes de acerca de la reforma. La respuesta es un tosco sí. Es absurdo que las personas que devenguen menos de cincuenta millones al año deban pagar renta, a la vez, carece de sentido que se vaya a perjudicar al sector de transporte por aumentar el IVA de los combustibles y que se complique mejorar la conectividad, tan necesaria en esta época de virtualidad, encareciendo el acceso a internet. Existe una necesidad de recuperar el hueco que dejo la pandemia, pero así mismo, existe una necesidad de no exagerar en impuestos que inciten a que Colombia pierda la confianza en inversión. Es absurdo exagerar en la creación de impuestos que innecesariamente generan malestar y agitación social en una contemporaneidad tan inestable.
Esto no es una burla de la grandilocuencia de los políticos que aspiran cambiar al mundo a través del papel, todo lo contrario, es (escépticamente) un intento de reflexión urgente sobre la situación tributaria, que es base para la recuperación económica del país. Digo escéptica, e incluso hasta ilusa, pues no sería de mi extrañeza que este escrito nunca llegue a ojos del Ministro Carrasquilla. Aunque, en las mismas palabras de Juan Lozano, con espíritu caritativo y solidario, a él y su equipo de trabajo les hago estas recomendaciones que no pidieron. Recomendaciones que no está de más revisar de mano al Congreso de la República, no a través de mermelada, sino con un debate sereno y profundo, para lograr un presupuesto razonable para mantener tanto el funcionamiento del Estado como el bolsillo de los colombianos.
Santiago Archila Correa.