• En Perspectiva

La tributaria: Entre contradicciones, populismo y algunos aciertos; Carlos Felipe Holguín

Como estudiante de economía, reconozco la premura de aprobar una tributaria que permita enderezar la política fiscal y que, además, actué como mecanismo de recuperación económica. Una ley con esos objetivos permitirá enfrentarnos a los grandes desafíos que se nos vienen, uno de los cuales, probablemente el más importante para las finanzas públicas, será el pago de la deuda. Si comparamos a Colombia con otros países del mundo, veremos que nuestro nivel de endeudamiento no es muy alto; con la pandemia este se proyecta en 58% de nuestro PIB para el 2021 (contabilizando la contracción económica), muy por debajo de países como Japón, Estados Unidos, España e incluso Brasil (234%, 108%, 120% y 98% del PIB respectivamente). Pero lo que no vemos del (aparentemente) modesto endeudamiento colombiano es que, en números reales (sin ajustarlo al PIB), nuestra deuda aumentó en 116 billones de pesos desde enero del 2020, un aumento sin precedentes en nuestra historia reciente y que sin duda enciende las alarmas de todos los organismos, personas y gobiernos que nos prestan plata.


Pero la solución a través de la tributaria era, desde mi punto de vista, bastante sencilla. Por un lado, había que concretar las asignaciones presupuestales de los programas sociales que surgieron a partir de la pandemia y dotarlos de un carácter transitorio (OJO: transitorio) durante el transcurso de la emergencia económica. Ese gasto social adicional constituye, a pesar de que no comparto esa estrategia, la base con la que pretendemos aliviar la situación de las familias ante la crisis. Por el otro lado, teníamos que fortalecer las instituciones públicas, pues ante la crisis estas actúan como una reserva de trabajadores que reduce el desempleo en el corto plazo. Finalmente habría que diseñar nuevas condiciones de regla fiscal (la regla que le dice al gobierno en cuanto nos podemos endeudar) y establecer una mayor tributación para los próximos años, esto con el fin de tener unas finanzas saludables y evitar que nos suban la calificación de riesgo.


Antes de que el gobierno publicara el texto del proyecto de ley, mi impresión era que la reforma transitaría por aquellos rieles. Por eso, cuando vi el video del hombre que se paró en el vuelo de Avianca a pedirle a los pasajeros que protestaran pacíficamente la tributaria, inicialmente me pareció ridículo. Me provocaba ser uno de los pasajeros que lo acompañaban para responderle en voz alta: “there’s no free lunch.” Pero leyendo la reforma con detenimiento, empiezo a darle algo de razón a ese señor. Lo primero que veo es que la reforma no nos dice mucho; parece más un cheque en blanco para que este gobierno (y solo este) pueda, en los próximos seis meses, hacer lo que se le dé la gana en términos de reestructuración del gasto fiscal. Lo que sí dice oscila entre el populismo, algunas contradicciones a los principios keynesianos del gasto en tiempos de crisis y un par de aciertos que vale la pena destacar. A continuación, resumo tres apreciaciones importantes frente a lo que dice la reforma tributaria:


La aberrante política del ingreso solidario permanente:


Este es uno de esos temas en el que todos los colombianos, extrañamente, parecen estar de acuerdo, eso sí, si el país estuviera fielmente representado por sus partidos políticos. Desde hace más de un año, parece existir una competencia fría entre partidos y coaliciones para ver quien presenta una mejor propuesta de ingreso básico universal, y dado que fue incluido en el proyecto tributario, el gobierno y partidos afines ya tomaron la delantera. Pero ¿por qué tanto alboroto frente a una política que lo único que hará será desviar el gasto público de cosas, sin duda, más importantes? Partiendo de lo básico, el ingreso solidario permanente (OJO que es permanente, ósea que no terminará cuando se acabe la crisis) será uno de los programas sociales más caros en la historia del país. ¿De donde saldrá la plata para eso? Pues si el gobierno se pone las pilas con la reducción del gasto en los próximos años, ese dinero tendrá que salir de desangrar otros programas. ¿Por qué entonces queremos favorecer un programa que reparte migajas (que a lo mucho les servirá a las familias para subsistir) cuando a la vez se debilita el gasto en infraestructura, educación y salud? Esa es la parte aberrante de la propuesta, pues todos quieren más plata en los bolsillos, pero si para lograrlo hay que frenar nuestro desarrollo individual y económico, ¿a que precio? Ahora, si lo que queremos es aumentar el gasto público para pagar ese programa y no afectar todo lo demás, entonces la actual reforma sería un completo despropósito fiscal. Populismo por un lado y contradicciones por el otro…


Artículo 34: Un cheque en blanco:


Del Artículo 34 no se habla mucho, pues la discusión de la tributaria parece concentrarse en los cambios sobre el IVA y la ampliación de la base que pagará el impuesto a la renta. El Artículo reza: FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LA SUPRESIÓN DE ENTIDADES, que consiste básicamente en una autorización por seis meses, del congreso al presidente de la república, para que este pueda suprimir y reducir el tamaño de entidades públicas a fin de reducir el gasto fiscal. ¡Terrible! Pues en un momento de altísimo desempleo, cualquier supresión de entidades o reducción de personal público implica aún mayor desempleo. Pero digamos, solo para continuar con el argumento, que la supresión de entidades es indispensable y que el gobierno lo hará de buena fe. En ese caso, lo primero que deberíamos esperar, antes de firmar cualquier cosa, es un análisis detallado y puntual de los recortes que se harán, no simplemente plantear el mecanismo, sobretodo cuando antes se le da prioridad a políticas populistas y pobremente justificadas, como la del famoso ingreso solidario.


Pero no todo puede ser tan malo…


Siento que el gran problema con la tributaria es que tienen mucho ruido de fondo, después de todo también hace las veces de una (desafortunada) ley de recuperación económica. Pero el espíritu original de la reforma era ver de donde podíamos sacar más plata para saldar el altísimo déficit fiscal que ocasionó la pandemia. Después de todo, las deudas hay que pagarlas y ante este escenario, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios observó y recomendó aumentar la base de personas naturales que pagan impuesto a la renta. A pesar de que hoy en día se ha vuelto costumbre satanizar al Estado colombiano, la realidad es que este tiene (aún descontando la altísima corrupción) uno de los gastos sociales más grandes del continente. Por muchos años, se ha intentado saldar la deuda social con los impuestos que pagan las empresas, cuando la costumbre en el resto del mundo es que sean los mismos ciudadanos los que asuman la carga tributaria; al fin y al cabo, ellos son los que reciben los beneficios inmediatos de la educación pública, salud, seguridad, etc. Parece mezquino meterle un impuesto del 10% a una persona que gane 29 millones al año (que en realidad es un impuesto del 10% sobre los ingresos, descontando la base gravable, ósea aproximadamente 520,000 COP al año), pero es lo que hay que hacer para democratizar las cargas tributarias. Claro, antes de llegar a eso sería preferible eliminar la corrupción sistémica (por la cuál muchos ciudadanos se excusan de pagar impuestos), pero a no ser que alguien en el país tenga la fórmula para acabar con ella en menos de un año, tenemos que continuar haciendo esfuerzos tributarios entre todos. De pronto esos esfuerzos adicionales generen un mayor sentido de pertenencia por lo público, lo cual motive a luchar contra la corrupción en todos los niveles de la sociedad.


Independientemente de cómo nos sintamos frente a la reforma, esta va, porque la alternativa de no hacerla sería catastrófica para un país donde el gasto social depende muchísimo de nuestra habilidad de adquirir deuda “barata.” Lo que sí creo es que la reforma no puede ir cómo la mandó Carrasquilla. Si me preguntan cual sería la mejor fórmula para una tributaria que cumpla las veces de ley de recuperación económica, sería una que estimule la productividad de los colombianos. El ingreso solidario NO estimula la productividad en el largo plazo, solo empobrece aún más a las familias. Lo que tenemos que hacer es invertir más en infraestructura, educación y salud, campos que ya conocemos y que, además de formar a trabajadores más productivos, creará nuevos puestos de trabajo con los cuales crecería el ingreso de muchas familias. Si un aumento en los impuestos es inminente, lo mejor que podemos hacer a futuro es luchar para que nuestros impuestos se empleen de la mejor forma posible. Allí creo que está la respuesta a la pregunta de por qué en algunos países existe mayor cohesión política, pues cuando se meten con el bolsillo de los ciudadanos estos se convierten en verdaderos veedores de la gestión pública.


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