Cartel de la toga II; Santiago Archíla
Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales, habría dicho Álvaro Gómez hace más de tres décadas. Somos un país de frágil memoria, eso es algo que jamás podremos negar. Parece que el escándalo del cartel de la toga, hoy tres años después, se desvaneció en el aire de una nación que gritaba justicia.
Se acordará aún el país de ese lamentable titular del que tanto nos burlamos los colombianos, como siempre borrando las desgracias con humor, de Fiscal anticorrupción capturado por corrupción. Titulares que sólo se ven en la tierra del realismo mágico. Les moverá algún recuerdo a los colombianos los apellidos Malo, Ricaurte o Bustos. Son los que se hacían llamar honorables magistrados, mientras que al interior de la corte movían multimillonarios pagos para que sus “clientes” salieran bien librados de sus procesos en la Corte Suprema de Justicia, clientes cuyos apellidos removieron la opinión pública durante todo el 2017.
Hace un par de semanas, uno de los ex-magistrados protagonistas de este escándalo judicial, Francisco Javier Ricaurte, salió a denunciar públicamente lo que él mismo llamó cartel de la toga II, al parecer referente al caso Uribe Vélez. El caso del exmandatario ha sido un catalizador en la polarización colombiana, pero así muchos estén en desacuerdo, que el caso haya pasado a la justicia ordinaria y la Ley 906, no es una victoria para la defensa sino para el Estado de derecho y las instituciones colombianas. Desde que empezó el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe, ha estado repleto de inconsistencias. Los mismos conocedores del expediente completo alegan que solo son filas de archivos con versiones contradictorias o ilógicas en el tiempo, y que jamás existió una prueba sólida para continuar el proceso y mucho menos para dictar una medida de aseguramiento.
Ojalá los colombianos aún recuerden cómo hace poco más de un mes, días antes de que se dictara la medida vengativa de aseguramiento, se filtró a la prensa desde fuentes cercanas a la sala de instrucción que los votos para dictar la medida estaban tres a dos, pero luego de la noche a la mañana fue una decisión unánime de los magistrados. ¿Qué habrá pasado esa noche para que los magistrados cambiaran de opinar tan radicalmente?
Esta semana se confirmó con fotos y videos que inundan la red, una misteriosa reunión en un exclusivo conjunto residencial en el norte de Bogotá, en la que estarían Rodrigo Londoño “Timochenko”, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda y Juan Manuel Santos. Aún después de las explicaciones dadas por el expresidente Santos, el motivo de la reunión no queda del todo claro. Este ruidoso encuentro, entre los enemigos de Uribe, resaltó otro escándalo que dejaría en primera línea a los magistrados de la sala de instrucción. Esto, pues durante el gobierno Santos, cuatro de los cinco magistrados que dictaron la medida de aseguramiento contra el ex-senador antioqueño, habrían recibido contratos directos o mediante familiares cercanos, que juntos superan los 1.400 millones de pesos. El magistrado Reyes habría recibido él sólo más de 575 millones en contratos del proceso de paz, y que demuestran fuertes lazos entre él y Juan Manuel Santos, pero aún así, ni él ni sus honorables compañeros togados se declararon impedidos para llevar el proceso de Álvaro Uribe.
Pero la feria de contratos no termina ahí, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien tanto ha perseguido públicamente a Uribe, también se llevó tres contratos por la suma de 243 millones, violando así el numeral 22, artículo 3 de la Ley 1474 de 2011. Por si fuera poco, la joya de la corona se la lleva Yira Castro Chadid, madre de Iván Cepeda, que por medio de una ONG aunó más de 950 millones de pesos en contratos, ONGs como las que usó Cepeda para darle “ayudas humanitarias” a testigos claves del proceso Uribe como Juan Guillermo Monsalve.
Pareciera que tan contundentes pruebas de un proceso politizado y vengativo, no tocaran a Don Iván, a Santos ni a toda la banda del cartel de la toga II, que como bien advirtió Gómez Hurtado, se tomaron la justicia para cobrar venganza frente a todos los que se opusieron a la impunidad perpetrada en La Habana. Sigan pensando que la cooptación es un sistema perfecto para elegir magistrados y que la política no ha penetrado en las raíces del Palacio de Justicia. Pareciera que la venda que debe ir en los ojos de la justicia nos la hayan puesto a millones de colombianos, mientras el cartel de la toga II se tomaba, cual M-19, la rama más importante en un Estado de Derecho.
Santiago Archila Correa